Por La abogada Marianela Bozo relata cuatro casos marcados por conflictos internos y episodios de violencia extrema.
Por Rildo Barba. Fotos IA, Google y Marianela Bozo | 15.10.26
Entre los castigos denunciados figuran golpizas, encierros y expulsiones.
A Sara Loewen Fehr, sus padres intentaron hacerla pasar por loca. La joven, de 19 años, fue internada en una institución psiquiátrica de Santa Cruz de la Sierra después de casarse, sin el consentimiento de ellos, con David Wiebe Martens, de 20. Ambos menonitas se habían conocido en la colonia Chihuahua/Neuland Tunas, en el departamento de Santa Cruz, donde sus familias habían llegado procedentes de Paraguay.
La pareja escapó de Bolivia y viajó hasta Paraguay, donde se casó en abril de 2026, en la colonia Río Verde, ubicada a unos 260 kilómetros de Asunción. Durante un tiempo, todo parecía indicar que habían logrado consolidar su historia de amor. Pero los padres de Sara viajaron hasta Paraguay para convencerla de que terminara su relación y regresara a Bolivia. Al negarse, ellos volvieron al país, pero antes acordaron con algunos familiares que se encargaran de trasladar a la joven.
La abogada boliviana Marianela Bozo Reyes se hizo cargo del caso. Según ella, Sara fue llevada con engaños hasta la frontera, donde fue entregada a sus progenitores. Después fue internada en una institución de atención psiquiátrica. David, mediante una acción judicial, logró sacarla del lugar y ambos regresaron a Paraguay.
La situación dio un nuevo giro cuando los padres de Sara presentaron en Bolivia una denuncia por presunta trata de personas. El caso derivó en una orden de captura internacional contra David y en un pedido de extradición. Actualmente, la Policía paraguaya mantiene detenido al joven con fines de extradición, pese a que su esposa ha declarado que escapó voluntariamente de su casa y que también decidió por voluntad propia casarse con él.
El matrimonio se encuentra en el centro de una disputa que, además de las decisiones personales de la pareja, está atravesada por las características ideológicas y religiosas de una parte de la comunidad menonita. Sara y David sostienen que quieren vivir en una sociedad con mayores libertades y que, por encima de las imposiciones familiares o comunitarias, fueron ellos quienes se eligieron como marido y mujer.
David Wiebe está preso en Paraguay esperando ser extraditado a Bolivia.
La abogada de los menonitas
La relación de la abogada Bozo con las colonias menonitas de Santa Cruz se remonta a tres décadas. Primero trabajó como contadora y, posteriormente, comenzó a atender asuntos legales. Durante esos años, conoció a productores, empresarios y familias menonitas de origen extranjero, así como a otras integradas por ciudadanos bolivianos. Ayudó a algunos a abrir cuentas bancarias, manejar sus negocios y relacionarse con instituciones del sistema financiero.
Durante mucho tiempo admiró la capacidad de trabajo de los miembros de esta comunidad religiosa y su aporte a la producción agrícola. Con los años, sin embargo, comenzó a conocer otra realidad: conflictos internos, sanciones y personas que, según sus denuncias, habrían sido sometidas a castigos físicos o expulsadas de sus comunidades por apartarse de determinadas reglas.
El caso de Sara y David —comparado por la prensa con la historia de Romeo y Julieta— tiene ahora dos procesos que avanzan en sentidos diferentes: mientras Bolivia reclama la extradición del enamorado por una investigación de presunta trata de personas, en Paraguay se investiga a familiares de su esposa por el traslado de la joven hasta la frontera contra su voluntad.
Bozo dejó de intervenir formalmente en este caso porque uno de los involucrados era cliente suyo desde hacía años y consideró que continuar podía generar un conflicto ético. Pero la historia de la pareja en conflicto no es el único caso que la abogada asegura haber conocido de cerca.
Golpeado sin compasión
Marianela Bozo relata otros episodios que, según sostiene, muestran hasta dónde pueden llegar los mecanismos de disciplina en determinadas comunidades menonitas. Los casos que le ha tocado atender tienen, de acuerdo con su relato, un elemento en común: personas que terminaron enfrentándose a la estructura de autoridad de sus propias colonias.
El primero la llevó a involucrarse más profundamente en denuncias sobre violencia dentro de estas comunidades. Una noche recibió la llamada de un menonita que, entre lágrimas, le solicitó ayuda. Le contó que un miembro de su comunidad había sido golpeado y que la Policía de Cuatro Cañadas, municipio donde se encontraba la colonia, no atendía el llamado de auxilio.
Al día siguiente, la jurista acudió a la colonia acompañada por policías y una fiscal. Lo que encontró fue a un hombre de 29 años tendido desnudo sobre una cama, con múltiples golpes y lesiones graves. «Era horrible: uno de sus testículos había sido reventado. También presentaba lesiones en los riñones y la cabeza», recuerda.
La versión que recibió la jurista apuntaba a un castigo organizado dentro de la colonia. Peter Heinrich Klassen, así se llamaba, tenía una discapacidad intelectual y no podía cumplir con determinadas exigencias laborales y comunitarias. Bozo afirma que las sanciones son decididas durante reuniones religiosas y que, en este caso, el castigo habría escalado hasta convertirse en una agresión extrema.
El operativo concluyó con la aprehensión de uno de los presuntos agresores, quien aseguró que sus jefes lo habían obligado a propinar la golpiza. Para evitar que otros miembros de la comunidad intentaran rescatar al detenido, los policías tuvieron que recurrir a sus armas.
El caso trascendió públicamente en noviembre de 2025. Diversos medios de comunicación reportaron entonces que un joven menonita había sido rescatado por la Policía después de una supuesta retención y agresión física. También informaron que dos hombres fueron sometidos a medidas cautelares: uno con detención preventiva y otro con detención domiciliaria.
Posteriormente, la prensa reportó la gravedad de las lesiones. Heinrich permanecía en terapia intensiva y tenía comprometidos los riñones. Sin embargo, el hombre sobrevivió, pero quedó con graves secuelas: perdió buena parte de sus capacidades y actualmente depende de sus familiares. La abogada tuvo que gestionar dinero para cubrir la atención médica porque, inicialmente, nadie quería asumir los gastos.
El caso terminó enfrentándola con la estructura de autoridades de la colonia. «Una investigación fiscal llegó a imputar al obispo, dos ministros, dos jefes y al supuesto ejecutor material de la agresión. Posteriormente, la fiscal fue retirada del caso y la nueva autoridad rechazó las imputaciones contra las autoridades, manteniendo el proceso únicamente contra el presunto golpeador», indica Bozo. La situación procesal que describe permanece pendiente de recursos y decisiones judiciales.
Peter Heinrich Klassen sufrió múltiples lesiones. Su familia sigue esperando justicia.
Los testigos expulsados
El segundo caso nació a partir del primero. Varios miembros de la colonia (Peter Friesen, Cornelio Hamm, David Wiebe, Franz Neufeld y Peter Hiebert) declararon como testigos a favor del hombre agredido. Según Marianela Bozo, después comenzaron las represalias. «La sanción más severa dentro de una comunidad menonita no necesariamente implica sacar físicamente a una persona de su vivienda. Puede significar expulsarla de la comunidad religiosa y social», expresa.
En su experiencia, la expulsión puede convertirse en una herramienta de presión particularmente poderosa porque afecta no solamente la vida religiosa, sino también la económica y familiar. La abogada describe las consecuencias como un aislamiento casi total: no poder participar en celebraciones, matrimonios o funerales, tener dificultades para comprar en los almacenes de la colonia y perder determinados beneficios comunitarios.
Algunos de quienes declararon a favor del hombre golpeado terminaron siendo expulsados. Fue entonces cuando recurrió a una acción constitucional para reclamar la restitución de sus derechos. Bozo afirma que una sala constitucional ordenó devolverles determinadas garantías, pero que las autoridades de la colonia no habrían cumplido completamente la resolución.
Si bien los afectados pudieron volver a comprar en determinados lugares, continuaron excluidos de actividades religiosas y sociales. La abogada asegura que presentó un recurso de queja por el incumplimiento de la resolución y que este permanece sin respuesta. «Este caso plantea una tensión fundamental: hasta dónde puede una comunidad religiosa mantener sus propias normas cuando estas entran en conflicto con derechos reconocidos por el Estado», se pregunta.
La amenaza del castigo
Otro de los casos ocurrió en la colonia Riva Palacio, en la zona de Cabezas. La jurista cuenta que Johan Enns Penner, un hombre de 35 años, habría sido sometido a un castigo durante varios meses por no poder cumplir con una obligación económica que, según la abogada, la colonia exige pagar a sus comunarios. El hombre fue llevado a una supuesta clínica en la capital cruceña, donde le habrían inyectado medicamentos, y que permaneció allí durante aproximadamente tres meses. Cuando regresó a su casa, estaba físicamente deteriorado.
La situación se repitió tiempo después, cuando el hombre no consiguió reunir 2.000 dólares que le exigían sus líderes. Al enterarse de lo ocurrido por medio del hijo de la víctima, la profesional intervino y contactó a los abogados de los líderes de la colonia. Como resultado de esa gestión, el hombre fue liberado a mitad de camino, antes de que volvieran a castigarlo. Actualmente, sigue viviendo cerca a quienes lo abusaron, aunque la denuncia parece haber frenado a sus agresores, al menos por ahora.
Un buen padre
El cuarto caso involucra a un joven de 19 años que habría sido sancionado por conversar con una muchacha en las proximidades de un río. Pedro Fehr Hidelbrandt, el padre del joven, intervino para impedir el castigo y terminó siendo golpeado. Su esposa también habría sido agredida durante el conflicto. La abogada presentó denuncias, pero reconoce que no pudo continuar con todas las actuaciones debido a la falta de recursos económicos para trasladarse hasta las colonias, movilizar policías y hacer seguimiento a los procesos. Asegura, sin embargo, que después de las denuncias los castigos se detuvieron.
Los castigos a Pedro Fehr Hidelbrandt se frenaron tras la denuncia de sus líderes.
Religión, autoridad y justicia
Más allá de cada historia, Marianela Bozo sostiene que existe un patrón que debería ser investigado. La abogada describe una estructura de poder que, en determinadas colonias, estaría compuesta por un obispo, ministros y jefes que concentran decisiones sobre la vida comunitaria. Se sabe que algunas comunidades han llegado a considerar faltas graves conductas que forman parte de la vida cotidiana: utilizar teléfonos celulares y redes sociales, tener paneles solares en sus casas, relacionarse con personas ajenas o apartarse de determinadas prácticas religiosas.
No obstante, la propia abogada reconoce que existen autoridades menonitas que no recurren a este tipo de prácticas y que no todas las comunidades menonitas en Bolivia funcionan de la misma manera. Distingue entre los grupos más tradicionales y otros más abiertos al mundo exterior. Incluso dentro de los primeros, sostiene, existen diferencias importantes entre sus autoridades y sus prácticas.
El punto que la preocupa es dónde termina la autonomía de una comunidad religiosa y dónde comienza la responsabilidad del Estado. «Una comunidad puede establecer reglas internas. Lo que no puede hacer es reemplazar a la justicia mediante castigos físicos, privaciones de libertad o mecanismos de presión», explica. Según ella, los casos que relata también muestran las dificultades para investigar comunidades cerradas, donde existe una estructura religiosa propia, un idioma particular y fuertes vínculos de dependencia económica y social.
Bozo sostiene que los casos que ha conocido también le dejaron la impresión de que la justicia boliviana se ve condicionada por intereses vinculados al poder y los recursos que tienen algunos dirigentes menonitas. La jurista cuestiona, en particular, que fiscales y autoridades judiciales hayan paralizado o retrasado investigaciones y procesos pese a la existencia de pruebas contundentes sobre los hechos denunciados. A su juicio, esta situación alimenta una sensación de impunidad y dificulta que las víctimas puedan acceder a una justicia efectiva y libre de corrupción, aunque su fe sea diferente.
* Por respeto a la sensibilidad de los lectores, se han seleccionado únicamente las imágenes menos impactantes.
